Publicación oficial de la reforma constitucional para la jornada de 40 horas

El 3 de marzo de 2026 marca un hito en la historia laboral de México con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto que reforma el Artículo 123 constitucional. Esta modificación reduce la jornada máxima legal de 48 a 40 horas semanales, transformando un esquema que permaneció intacto por más de un siglo. Sin embargo, para garantizar la estabilidad económica, el legislador ha diseñado una transición que se extenderá hasta el año 2030.

Cambios estructurales en la jornada y el descanso

La reforma modifica la fracción IV del Apartado A, estableciendo el nuevo límite de 40 horas. Un punto relevante para la operación de las empresas es que se mantiene el esquema de un día de descanso por cada seis de trabajo. Aunque la jornada semanal se reduce, la Constitución no obliga a otorgar dos días de descanso, sino que permite la redistribución de las horas para cumplir con el nuevo límite máximo.

Nuevas reglas para el tiempo extraordinario

La fracción XI también presenta cambios significativos en cuanto al pago y límites del trabajo excedente:

1. El límite máximo de horas extra será de 12 horas semanales.

2. Estas horas podrán distribuirse en un máximo de cuatro horas diarias durante cuatro días a la semana.

3. El pago será del 100% adicional sobre el salario ordinario.

4. Si se excede el límite de 12 horas, el patrón deberá pagar un 200% adicional sobre el salario de las horas ordinarias.

Calendario de implementación gradual

El régimen transitorio es claro al señalar que la reducción no es inmediata. Las empresas deberán ajustar sus contratos y reglamentos conforme al siguiente calendario anual:

• 2026: 48 horas (Periodo de gracia y planeación).

• 2027: 46 horas.

• 2028: 44 horas.

• 2029: 42 horas.

• 2030: 40 horas (Implementación total).

Protección al salario y productividad

La reforma establece de manera prohibitiva que bajo ninguna circunstancia la reducción de horas podrá derivar en una disminución de los salarios o prestaciones actuales de los trabajadores. El Congreso de la Unión cuenta ahora con un plazo de 90 días para adecuar la Ley Federal del Trabajo, donde se definirán los mecanismos de supervisión, incluyendo la posible obligatoriedad de registros electrónicos de jornada para asegurar el cumplimiento de estos nuevos límites.